Que cuando el ciudadano pregunte, el Estado tenga la obligación de responder, sin intermediarios. Que cuando responda, lo haga de manera rápida y eficaz, con datos y no con discursos. Y a poder ser en un formato que informáticamente pueda ser reutilizado para generar combinaciones de todo tipo y extraer conclusiones. España es el único país de la Unión Europea, junto al minúsculo Luxemburgo, que no tiene una Ley de Transparencia que garantice ese acceso a la información pública.
Visualización de los Presupuestos Generales del Estado en el proyecto ciudadano dondevanmisimpuestos.es (click sobre la imagen para acceder) realizado a partir de documentos oficiales
¿Cuántas guarderías públicas gestiona la empresa Clece? ¿A quién han ido a parar las subvenciones en materia de Cooperación? ¿Cuánto cobra un alto funcionario del Ministerio de Defensa? ¿Quién ganó el concurso de ejecución de la obra del viejo edificio demolido en mi barrio? ¿Cuáles son los niveles de contaminación en mi ciudad? No se trata de que un funcionario responda directamente a estas preguntas tras horas buceando entre papeles, sino de que te faciliten la información en bruto, las bases de datos o documentos de los que se pueda extraer tu interés particular.
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